La coherencia es un requisito de la comunicación eficiente. Hay cuatro elementos que ayudan a definir la coherencia. Recogimos al azar tres casos de falta de coherencia que han sido evidenciados en la comunicación del gobierno colombiano durante los últimos meses. Los ministros de Hacienda, Interior y la Superintendencia de Servicios Públicos fueron sus protagonistas.
En primer lugar, es necesario precisar que la coherencia en el mensaje depende de cuatro escenarios. Debe existir, en principio, alineación entre lo que la empresa dice y lo que la empresa ES (es decir, entre mensaje e Identidad). Debe existir además, alineación entre lo que la empresa dice y lo que la empresa QUIERE SER (es decir, entre mensaje y Reputación). Y también debe existir alineación entre lo que la empresa dice y lo que HACE, es decir, su conducta corporativa. Finalmente se requiere que haya alineación entre lo que la empresa DICE HOY y lo que DIJO AYER, a fin de evitar contradicciones en el mensaje.
Pues bien, esta última característica es en la que han fallado recientemente funcionarios del gobierno nacional. El Ministro de Hacienda colombiano, Oscar Iván Zuluaga, aseguró desde el año 2008, que la economía nacional estaba blindada y protegida de cualquier riesgo que la afectara como consecuencia de la desaceleración económica mundial. Repetidamente se nos quiso inspirar optimismo, actuando con absoluta convicción frente a la preparación que teníamos para enfrentar la crisis. De la noche a la mañana, la frase “La economía colombiana está blindada por el éxito de la seguridad democrática y la confianza inversionista”, dicha textualmente por el Ministro, fue reemplazada por la manera como fueron sorprendidos por diferentes indicadores que mostraron la desaceleración económica. Lo sorprendente, y lo digo como alguien que no conoce las minucias de la macroeconomía, es que todo el año anterior hubo múltiples analistas y expertos que advirtieron que nuestro blindaje no era tan fuerte como se quería vender. Como lo dijo la revista Semana en su más reciente edición, “Se les abona la franqueza, pero resulta algo insólito que el equipo económico del gobierno se vea asombrado por la súbita desaceleración de la economía cuando desde hace seis meses se está viniendo al piso, en vivo y en directo, la arquitectura financiera internacional”. Cualquier explicación que haya frente a esta situación es para inquietarse: o el gobierno no tenía conocimiento de la forma como estaban evolucionando los indicadores económicos en el país ni los riesgos que el entorno representaba para la economía nacional, o intencionalmente quiso mostrarse optimista a pesar de la crisis, para lo cual hubo de esconder la dimensión negativa de la economía. Sea cual sea la respuesta, se convierte en uno de los múltiples ejemplos de incoherencia en el mensaje gubernamental, evidenciando contradicciones que no contribuyen a inspirar confianza entre los inversionistas.
El segundo funcionario fue el Ministro del Interior Fabio Valencia Cossio. Más por estrategia política que por equivocación, el funcionario fue desnudado en la manera como una misma situación era interpretada de dos maneras, dependiendo de a quién beneficiara. Como bien lo saben los colombianos y latinoamericanos, en Colombia se tramita desde hace varias semanas una iniciativa de referendo que busca darle la oportunidad al Presidente Alvaro Uribe de ser candidato presidencial por tercera vez consecutiva. Sus promotores recogieron cerca de cinco millones de firma para legitimar el proceso, y enviaron la iniciativa al Congreso de la República para su aprobación. Paralelamente se tramitó otro referendo que buscaba castigar con cadena perpetua a los violadores y asesinos de niños. Lo curioso es que el argumento que utilizó para defender el referendo reeleccionista, no le sirvió para defender el referendo de la cadena perpetua. El argumento de Valencia Cossio para legitimar la reelección fue que el gobierno no podía ir en contravía de la voluntad popular. La voz del pueblo es la voz de Dios, y eso lo entendió el Ministro para defenderlo, al argumentar que no podían bloquear las aspiraciones de cinco millones de colombianos. Pero frente al otro referendo, Cossio sostuvo que la democracia colombiana no tenía tradición de condenar a perpetuidad a los delincuentes y que por esa razón, el gobierno colombiano lo veía inconveniente. ¿Acaso en Colombia hay tradición reeleccionista en la Presidencia?
La tercera incoherencia la protagonizó la Superintendente de Servicios Públicos Eva María Uribe. Hace una semana anunció la liquidación de la empresa estatal EMSIRVA, que por décadas prestó el servicio de recolección de basuras en la ciudad de Cali – Colombia. Más allá de las argumentaciones y soportes que haya tenido para tal decisión, lo curioso es observar la manera como evolucionaron sus declaraciones sobre la situación de la empresa en un lapso de menos de ocho días. De mensajes en los que la funcionaria defendía el proceso de intervención, asegurando que iba por el camino correcto y que estaba a las puertas de ser devuelta al municipio de Cali, se pasó de un momento a otro a una frase en la que aparecía era su alarma porque la situación financiera de la empresa había llegado a un momento insostenible como consecuencia de las prebendas recibidas por los trabajadores, a las que éstos no querían renunciar.
Reconociendo que las malas administraciones, los malos empleados, la corrupción, el clientelismo y otros virus dieron al traste con la empresa, lo único que pretendo resaltar aquí es la contradicción de la funcionaria. ¿Cómo explicar que en ocho días cambie de manera tan dramática el panorama financiero de una organización? Al igual que sucedió con el equipo económico del gobierno nacional, podría pensar dos cosas: o que la funcionaria no entendió las cifras y se sorprendió en la última semana con la magnitud de la crisis, o intencionalmente ocultó información y divulgó otra mientras maquinaba el cierre de EMSIRVA. Recuérdese que la decisión fue comunicada a la media noche a los trabajadores, con presencia policial, sin que el alcalde de Cali supiera previamente del día y hora en que pasaría tal situación.
Los ciudadanos esperamos siempre que sus funcionarios públicos, sobre todo los de mayores responsabilidades, sean coherentes en su discurso. Que sus contradicciones no evidencien un desconocimiento de lo que pasa a su alrededor. Sin embargo, sin ser suspicaz, las tres incoherencias no parecen reflejar mucho la transparencia comunicativa del gobierno colombiano.